ARCA denunció a varios de los principales bancos por retenciones de aportes y gastos inflados en Ganancias

Preocupado por la caída en la recaudación y el aumento de la informalidad laboral, el Gobierno ha centrado su atención en algunos de los principales bancos del país y en determinadas aerolíneas. Se trata de denuncias penales por presuntas irregularidades en la retención de cargas sociales y la imputación de deducciones infladas en el impuesto a las Ganancias de sus empleados.

El sector financiero realizó presentaciones recientes en causas aún pendientes de resolución. Desde principios de año, ARCA avanzó con denuncias contra el Banco Galicia, el Banco Santander, el nuevo Banco de Entre Ríos y el Banco Santa Fe, según reveló Horacio Riggi en Clarín. Estas denuncias fueron presentadas en el fuero penal económico y en fiscalías provinciales.

Las acusaciones apuntan a una supuesta demora por parte de los bancos en presentar los aportes y contribuciones a la seguridad social. Al superar el plazo legal de 30 días corridos, se podría configurar el delito de apropiación indebida por la omisión total o parcial del depósito de aportes retenidos.

Sin embargo, el sector bancario considera que las medidas adoptadas por el organismo recaudador son exageradas y que el sector está siendo utilizado como chivo expiatorio. Según una fuente del sector, “están tratando de marcar la cancha como si estuvieran controlando, pero son fuegos de artificio que no ameritan tanta entidad”.

Desde la city financiera denunciaron que las imputaciones de la exAFIP llegan de manera “sorpresiva” y directamente al fuero penal económico, sin requerimientos previos por diferencias en las declaraciones juradas. Aunque la normativa establece un plazo de 30 días para la denuncia penal, sostienen que la rectificación de datos debería ser parte del procedimiento previo.

“Nadie pregunta, asumen que el contribuyente se quedó con retenciones o evadió y de allí surge la denuncia penal. Esto es grave porque involucra a los directores y pone al banco bajo la lupa; debería haber mayor responsabilidad”, señalaron desde una entidad bancaria.

En una de las entidades denunciadas se mostraron sorprendidos, ya que consideran que se trata de una operatoria habitual vinculada a la liquidación retroactiva de las paritarias, que implica un monto mínimo de aportes y contribuciones. Explicaron que “una vez que se conoce el índice de inflación se firma el acuerdo y se paga en forma retroactiva”.

Además, el fisco denunció irregularidades en la retención del IVA y deducciones indebidas por ropa de trabajo para disminuir el impuesto a las Ganancias, algo que las empresas atribuyen a la responsabilidad exclusiva de los empleados. También se informó sobre una denuncia contra una aerolínea por retenciones de Ganancias y la inclusión de beneficiarios del exterior, según pudo saber Clarín.

Los datos del Ministerio de Economía correspondientes a la semana pasada indican que la recaudación que recibe el Tesoro Nacional cayó un 4% interanual en términos reales en mayo, luego de diez meses consecutivos de descenso. Las cargas sociales, que representan casi el 40% de los ingresos totales, acumularon una caída similar en los primeros cinco meses del año.

Aunque la disminución en aportes y contribuciones está vinculada a la caída de la actividad económica, el empleo formal y los salarios en los sectores con mayor generación de empleo, ARCA advirtió un elevado incumplimiento en la presentación de aportes a la seguridad social y en la registración de los trabajadores.

En este contexto, los operativos realizados en los últimos meses detectaron irregularidades en pizzerías como Kentucky y Ugi’s, así como en frigoríficos y comercios, incluyendo casas de venta de electrodomésticos. Desde la exAFIP indicaron que se intimó a quienes no realizaron los aportes correspondientes y que, en caso de no cumplir, la situación termina en una denuncia penal.

En las empresas consideran que las denuncias penales responden a la incorporación de nuevas autoridades en áreas técnicas penales de ARCA, que denuncian “por las dudas”, sin ponderar la dificultad que implica para jueces y fiscales cerrar una causa penal sin afectar su exposición pública mediante un sobreseimiento.

Estas judicializaciones y controles empresariales se producen luego de las intimaciones masivas realizadas por ARCA a miles de empleados de la cuarta categoría que presentaron deducciones infladas para pagar menos Ganancias. También coinciden con el reciente pedido del Fondo Monetario Internacional de ampliar la base de contribuyentes en Ganancias, Monotributo e IVA.

Desde despachos oficiales aseguraron que los controles son normales, especialmente considerando la “flexibilidad” otorgada a las empresas mediante la condonación de deudas de aportes y contribuciones en 2024, la despenalización de diferencias de criterio impositivo en 2025 (Ley de Inocencia Fiscal) y la reducción de contribuciones patronales a partir del 1 de mayo de 2026, según la reforma laboral vigente.

Según el INDEC, la informalidad laboral alcanzó al 43% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025, superior al 41,4% registrado a fines de 2023. Esto significa que aproximadamente 9 millones de personas trabajan en negro, cifra que creció 1,6 puntos porcentuales en dos años, equivalentes a unos 330.000 informales más, tal como informó este diario.